EL HACHAZO DEL ESTADO ESPAÑOL A LA JUSTICIA UNIVERSAL

Arturo diccionario
Un artículo de mi amigo Arturo Prado Lima

Una de las esperanzas de los pueblos de que no queden impunes los crímenes de lesa humanidad, el genocidio, los crímenes de guerra, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas calificados como crímenes contra el derecho internacional, era la actuación imparcial de la Justicia Universal.
Es decir, todos los Estados tienen la obligación de investigarlos y juzgarlos en sus tribunales nacionales, máxime cuando los Estados débiles no tienen la capacidad de juzgar a los criminales porque ellos son superiores en todos los sentidos, como es el caso de Colombia.
Dice Amnistía Internacional que, habida cuenta de que la impunidad existe principalmente cuando las autoridades del país en el que se han cometido los delitos no actúan, es importante que los sistemas de justicia civil y penal de todos los demás países puedan intervenir para juzgar dichos delitos en nombre de la comunidad internacional y conceder reparaciones a las víctimas.
Uno de los países ejemplo y vanguardia de este principio universal era España. Baltasar Garzón, uno de los jueces más respetados del mundo, enjuició y dictó orden de búsqueda y captura contra Augusto Pinochet Ugarte, quien fue detenido en Londres y reclamado por la justicia española para juzgarlo por los crímenes contra el pueblo chileno.
Tribunales españoles también habían tomado cartas en el asunto para juzgar el Genocidio en Tibet y la persecución de la práctica espiritual Falum Gong en China, y había expedido la orden de captura contra el expresidente chino Jiang Zemin y otros dirigentes. Pero de todo aquello no quedará ni rastro en España. El Congreso de los Diputados legisla a paso forzado leyes anti Justicia Universal para limitar su accionar casi en su totalidad. España ha dado carpetazo limpio a la Justicia Universal y en estos momentos ha aprobado la prohibición a sus tribunales de investigar y juzgar crímenes de lesa humanidad en otras partes del mundo. La presión económica China ha tumbado los deseos de justicia de cientos de víctimas en el mundo.
Por esta vía, la causa contra los militares estadounidenses responsables de la muerte del camarógrafo español José Couso quedarán impune. Estos, abrieron fuego contra el Hotel Palestina, en plena guerra de Irak, donde se alojaban varios periodistas. La orden de captura contra tres de estos militares desaparece como consecuencia de las nuevas disposiciones parlamentarias españolas.
Las torturas contra los prisioneros en Guantánamo que instruía el juez Pablo Ruz quedan en el aire, así como el Genocidio en el Sáhara, Guatemala y Ruanda. Quedaría sin efecto también la instrucción del juez Eloy Velasco contra 20 militares y exmilitares salvadoreños acusados en 1989 del asesinato de cinco jesuitas españoles en San Salvador, entre ellos Ignacio Ellacuría.
Desaparece el amparo a la persecución de los delitos de mutilación femenin que se cometen regularmente en África y Oriente Próximo.
Ya hace un tiempo, en España, el enjuiciamiento a los crímenes de la dictadura Franquista dejaron de tramitarse en la península. Los procesos los lleva ahora Argentina.
Este no es un buen ejemplo para el mundo, pues los criminales pueden moverse con más libertad al saber que la Justicia Universal, que había sido implacable, es barrida de un escobazo por un gobiernos conservador que antepone intereses económicos a los de justicia y dignidad.
En contra de las medidas que se tramitan en España, Amnistía Internacional llama a que todos los gobiernos faculten a sus tribunales nacionales para que asuman esta importante función promulgando y aplicando legislación que prevea el principio de jurisdicción universal. Esta legislación deberá permitir a las autoridades nacionales investigar y procesar a toda persona sospechosa, con independencia del lugar en el que se haya perpetrado el delito o de la nacionalidad de la persona acusada o de la víctima, así como conceder reparaciones a ésta y a sus familiares.
Al proceder así, los gobiernos se asegurarán de que sus países no sirvan de refugio a los peores criminales.
“Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, más de 15 países han ejercido la jurisdicción universal en investigaciones o juicios de personas sospechosas de haber cometido crímenes contra el derecho internacional, entre ellos, Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido o Senegal, y otros, como México, han extraditado a personas a otro país para su procesamiento en virtud del principio de jurisdicción”, afirma la institución humanitaria.

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Espero que alguien explique ¿Por que y para que?
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